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Buscando la verdad acerca de la masacre en un pueblo en Colombia

El Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez me dijo en Nueva York la semana pasada, que buscará la manera de ayudar al personal militar colombiano para que puedan pagar sus abogados cuando sean acusados de violaciones a los Derechos Humanos.

“Ya buscaré como ayudarlos”, dijo el señor Uribe, aclarando que “cada día en Colombia recibimos menos y menos acusaciones en contra del Ejército y la Policía”, esto es debido a las reformas que se han dado al interior de las Fuerzas y a la profesionalización de las mismas.

El señor Uribe se comprometió a proveer asistencia legal a los soldados acusados, que en la práctica de los Estados Unidos es apenas justo. Pero es sólo parte de lo que se necesita hacer para contrarrestar una de las herramientas más efectivas utilizadas por los terroristas colombianos: la guerra judicial.

Por años, la guerrilla marxista de ese país (conocida con las siglas Farc), ha estado minando la moral y efectividad de los militares a través de costosas acciones legales en las cortes. La estrategia ha sido adoptada como respuesta a la política de Washington, que dice que cualquier oficial que este acusado de violación a los derechos humanos deberá ser separado de su cargo. Es por eso que para la guerrilla presionar con cargos falsos es una victoria y significa el retiro o neutralización del acusado; la absolución después de muchos años de investigación no es mucho consuelo para un oficial cuya carrera ha sido arruinada.

Garantizar la defensa al personal militar acusado será de gran ayuda. Pero también ayudará si los acusadores, incluyendo a los políticos de Estados Unidos y a los busca dinero de grupos de derechos humanos que quieren sacar provecho, les ejercieran un mayor control.

El ejemplo de este problema es el juicio del próximo mes a tres militares de la Fuerza Aérea Colombiana acusados de bombardear la población de Santo Domingo en el departamento de Arauca en Diciembre 1998. El caso ilustra como los rebeldes usaron pobladores locales como escudos humanos, como cómplices en su negocio de tráfico de drogas y como acusadores (denunciantes) en la guerra judicial.

“Santo Domingo” es también muy útil, dramatizando como los Estados Unidos al imponer la “guerra contra las drogas” intensifica los conflictos civiles en la región. El negocio de la droga hace a los terroristas ricos, a los campesinos dependientes de ellos y a los soldados vulnerables a los dilemas de derechos humanos.

El caso comenzó a finales de 1998, cuando la inteligencia Colombiana interceptó comunicaciones de la Farc detallando los planes de tráfico de cocaína cerca de Santo Domingo. Un pequeño avión privado, que era esperado por los militares aterrizó en la única carretera pavimentada en el área el Diciembre 12; sin embargo, nada se pudo hacer, porque tan pronto aterrizó un grupo de pobladores locales, incluyendo mujeres y niños, fueron a descargar la aeronave.

Los militares tuvieron que cambiar su plan de ataque, debido a que los civiles se habían involucrado en el manejo de la carga. La cocaína desapareció en el campo. No obstante, el Ejército desplegó sus tropas y sobrevino una semana de combates. Ocurrió la muerte de 17 personas, por lo menos tres niños. Por la acción se hicieron cargos contra la Fuerza Aérea, al acusarla de haber bombardeado el poblado.

En el primer semestre de 1999, la corte militar buscó evidencia y dictaminó que la tripulación no era culpable. Pero el caso fue reabierto después por la Fuerza Aérea, ante la presión del Departamento de Estado de EE.UU. y fue enviado al sistema judicial civil de Colombia.

Un jurado dictaminó que se debería llevar a cabo una acción disciplinaria, aun cuando ellos no revisaron toda la evidencia. La Fiscalía General ahora esta ahora encargada del caso de la tripulación de la aeronave, acusada por negligencia.

Una razón por la cual la verdad acerca del incidente demoró en emerger, es que la evidencia más crítica, un video en el cual se registran los eventos en tierra durante la semana en cuestión, pertenece a un contratista civil: Air Scan.

Los documentos de la corte dicen que Air Scan fue contratada por Occidental Petroleum para dar vigilancia al área del oleoducto Caño Limón. Seguramente la participación de una aeronave civil en una operación militar fue algo que ellos no tenían prisa en dar a conocer. No obstante, la cinta que muestra el tiempo GMT real, es ahora pública y ofrece una fuerte evidencia de que los cargos contra la Fuerza Aérea fueron inventados.

Ambas partes están de acuerdo en que las “Bomba Cluster” de la Fuerza Aérea fueron lanzadas tres segundos después de las 10:00 de la mañana el 13 de diciembre. Mientras los denunciantes dicen que fueron lanzadas en el pueblo, la Fuerza Aérea dice que fueron lanzadas en un área no poblada cerca de 800 a 1000 metros fuera de la población, lugar donde se llevaban a cabo los combates. El video corrobora la versión de la Fuerza Aérea, mostrando que no hubo daños en el pueblo horas después del bombardeo en cuestión. Un viejo camión rojo parqueado en el centro del poblado y una estación de gasolina que estaba en la esquina, los cuales los denunciantes dicen que la bomba destruyó, aparecen completamente intactos esa misma tarde.

Parece ser que la “escena del crimen” fuera inventada por los guerrilleros. Dos desertores de las Farc presentes durante la semana de combates, dijeron a los medios colombianos y a una ONG llamada Verdad Colombia, que la guerrilla adoptó una estrategia para acusar a la Fuerza Aérea de muerte de civiles induciendo a algunos pobladores a declarar lo que ellos querían.

Los desertores dijeron que la guerrilla había hecho con el camión un “atrapa bobos” para que explotara cuando el Ejército entrara al pueblo. “Ellos pusieron un mortero dentro del camión y anfo con un cordón detonante y metralla, dijo uno de los ex combatientes de la Farc a Caracol noticias. Cuando el camión explotó por accidente antes de lo planeado, él dijo que recibieron la siguiente orden: “hay que decirle a la gente que la Fuerza Aérea lanzó una bomba”.

El otro desertor dijo a Caracol que después de la explosión del camión, “el movimiento de heridos y muertos comenzó; algunos fueron traídos de los arbustos, muertes que no ocurrieron en el momento de la explosión”. Si los cuerpos fueron movidos del área rural, del campo de combate, esto podría explicar porque el FBI concluyó en el repote que los rastros de las muertes sugerían una bomba cluster.

Estos dos desertores de la Farc están programados para unirse al programa de protección a testigos de Estados Unidos, ya que han dado información importante acerca del tráfico de cocaína a la Agencia Contra las Drogas de ese país. La situación es que su partida de Colombia sería antes de que ellos se presenten en un prejuicio en octubre, en cuyo caso su testimonio podría perderse. Esto podría ser un crimen. Washington y Bogotá le exigen a jóvenes valientes colombianos luchar en la guerra contra las drogas. ¿Es mucho pedir a cambio que la verdad acerca de la “guerra judicial”, sea buscada con avidez?

Autor: 
Wall Street Journal - Mary Anastasia O´Grady
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