• Homenaje a Marco Fidel Suárez, en Bello, Antioquia

    Homenaje al fundador

    de la Fuerza Aérea Colombiana

     

    Expresidente Marco Fidel Suárez

    23 de abril en Bello, Antioquia 

  • Desde las alturas protegemos a Colombia.

     

    PLAN RETORNO

    Vigilancia aérea

    de las principales vías del país 

  • Viaje seguro en plan retorno gracias a la Fuerza Aérea

     

    PROTEGEMOS COLOMBIA

    #FAC100AÑOS

     

  • Soldado FAC

     

    EN TIERRA

     

    También protegemos la nación 

     

  • Lanzamiento Feria Aeronáutica Internacional

     

     

    F-AIR COLOMBIA

    Lanzamiento 4 de abril 2019

    Bogotá D.C

Doctrina de las Operaciones Aéreas en el Marco del Derecho Internacional Humanitario

2006

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA
Doctrina de las Operaciones Aéreas en el Marco del Derecho Internacional Humanitario
DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA
INSPECCIÓN GENERAL
Doctrina de las Operaciones Aéreas en el Marco del Derecho Internacional Humanitario
TERCERA EDICIÓN
(Actualizada)

2006

DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA
General JORGE BALLESTEROS RODRÍGUEZ
Comandante Fuerza Aérea

Mayor General FERNANDO SOLER TORRES
Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor Fuerza Aérea

Mayor General JULIO ARMANDO GUZMÁN RIOS
Inspector General Fuerza Aérea

Elaborado (Tercera edición “actualizada”):

Mayor LUIS EDUARDO PELÁEZ RIVERA
Jefe Departamento DD.HH. Y D.I.H.

Teniente MARTHA YANETH MARTÍN MELO
Asesora Derechos Humanos

D2. CLAUDIA TORRES
Secretaria
2006

Presentación

La Inspección General Fuerza Aérea y su Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario bajo la dirección del señor Mayor (Adtivo – Abogado) LUIS EDUARDO PELÁEZ RIVERA presenta la tercera edición actualizada de la Revista “Doctrina de las Operaciones Aéreas en el Marco del Derecho Internacional Humanitario”, en busca de constituir un documento de consulta permanente tanto para el planeamiento como evaluación final de las operaciones militares propias de la Fuerza Aérea.

Si bien, está nueva edición recoge algunos conceptos contenidos en la segunda edición elaborada por el señor Mayor General Fernando Soler Torres Inspector General Fuerza Aérea/2004 y los actualmente Teniente Coronel Astrid Liliana Alarcón Guarin – Jefe Departamento DDHH y DIH/ 2004, el señor Teniente Coronel Alberto Quintero Betancourt – Asesor Departamento DDHH y DIH/2004 y la señorita Teniente Martha Yaneth Martin Melo – Asesora Departamento DDHH y DIH, incluye el proceso de decisión del comandante, reglas de enfrentamiento, de interceptación aeronaves y código de ética, entre otros, normativa que debemos conocer y acatar cada uno de los miembros uniformados de la Institución.

Doctrina y cartilla de las Operaciones Aéreas concebida en el Marco del Derecho Internacional Humanitario para alcanzar la victoria sin desproteger la población civil y sus bienes civiles y preservar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, dentro de los conceptos de legitimidad y legalidad propios de un Estado Social de Derecho, con base en sólida, actualizada y demostrable información y apreciación de inteligencia, sin menospreciar las fuerzas y capacidades del adversario frente a las propias, para preservar la seguridad de la Nación a la que prometimos proteger, conociendo y aprovechando el clima (El día y la noche; el frío y el calor; las nubes y el firmamento, etc); analizando los centros de gravedad enemigos, la topografía del terreno, sus características, vientos, altitud, inclinación, vías de comunicación, etc. Definiendo y delimitando clara y documentadamente los objetivos militares bajo los conceptos previos de necesidad y ventaja militar que nos otorgará su neutralización o destrucción, parcial o total, su distancia o proximidad respecto de bienes o personas civiles ubicadas cerca al objetivo militar. Operaciones a ejecutar con pleno y absoluto conocimiento de las capacidades de nuestras aeronaves y sistemas de armas y municiones, con valor y temple, bajo un mando sabio, recto, afable, eficacia institucional, control del gasto y de la logística, acompañamiento del Asesor Jurídico Operacional y la disponibilidad del Comité Jurídico Operacional. Bajo dichos conceptos aprestémonos a obtener la victoria final en el menor corto plazo y mantenernos entrenados y preparados para enfrentar eventuales conflictos y/o integrar fuerzas multinacionales de paz, bajo la premisa de que el respeto integral de los Derechos Humanos debe empezar por casa y traducirse durante el planeamiento y ejecución de la batalla en el respeto del Derecho Internacional Humanitario.

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
CONCEPTO Y PRINCIPIOS BÁSICOS

A diferencia del derecho de los derechos humanos (Que rige en tiempos de paz y de conflicto armado), el derecho internacional humanitario está destinado a ser aplicado en situaciones de conflicto armado (Internacional o No Internacional “Interno”), consagrando normas que protegen tanto la población civil y sus bienes civiles como a los mismos combatientes o participes directos en las hostilidades de los eventuales desafueros enemigos y la deshumanización del conflicto.

Definición: El DIH también denominado derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados es el conjunto de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario, que busca limitar los efectos de los conflictos armados internacionales y no internacionales, restringiendo los métodos y medios de hacer la guerra, para proteger las personas civiles, los bienes civiles y aquellos que han perdido su condición de combatientes o participes directos en las hostilidades que puedan salir afectados por el conflicto.

Las fuentes del derecho internacional humanitario contemporáneo la constituyen principalmente los cuatro convenios de Ginebra de 1949, los tres protocolos adicionales, los convenios de La Haya de 1899, 1907 y 1954 y el derecho consuetudinario de la guerra.

El derecho internacional humanitario es una parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los conceptos previos de necesidad/ventaja militar y los principios de humanidad, distinción, limitación y proporcionalidad fundamentan el derecho que gobierna la conducta de las partes dentro de cualquier conflicto armado. El principio de humanidad limita el concepto de necesidad al prohibir medidas de violencia que no sean necesarias para la obtención de una ventaja militar concreta y directa prevista.

La necesidad militar justifica las medidas de violencia militar, siempre que no sean prohibidas por el D.I.H., las cuales deben ser relevantes y proporcionales para lograr la sumisión del enemigo mediante la obtención de resultados operacionales exitosos, con el menor gasto posible de recursos humanos y económicos y daños incidentales (Colaterales).

Especial atención para no incurrir en delitos ni faltas disciplinarias graves debe darse al artículo 3 Común a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que cita: “En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto se prohíben en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) La toma de rehenes;
c) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

Además las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto.

Y, el artículo 4 Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949: “Garantías fundamentales.

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:

a) Los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal;
b) Los castigos colectivos;
c) La toma de rehenes;
d) Los actos de terrorismo;
e) Los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;
f) La esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;
g) El pillaje;
h) Las amenazas de realizar los actos mencionados.
3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, particular:
a) Recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos;
b) Se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas;
c) Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades;
d) La protección especial prevista en este artículo para los niños menores de quince años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), han participado directamente en las hostilidades y han sido capturados;
e) Se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad y bienestar.

Siempre que conozcamos, respetemos y apliquemos los siguientes conceptos y principios durante el planeamiento y ejecución de las operaciones militares minimizaremos el riesgo de infringir el D.I.H. y ser objeto de investigamos y condenas:

QUE PODEMOS ATACAR?

• Objetivos Militares: Los ataques se limitaran estrictamente a los objetivos militares. En lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.

Los combatientes y los participes directos en las hostilidades, son sujeto de ataque.

• Concepto de necesidad: En virtud del cual, ante justificación alguna basada en imperiosas necesidades militares, en las circunstancias del caso, para obtener una ventaja militar concreta y directa definida, se hace imperiosa la captura, neutralización o destrucción, parcial o total, de aquellos bienes clasificados por inteligencia como objetivo militar, tomando previamente las medidas de protección adecuadas y oportunas respecto de las personas y bienes civiles protegidos para evitar o minimizar posibles daños incidentales.
PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
• Principio de Humanidad: Esta prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios y/o de los que quepa prever que causaran daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.

• Principio de Distinción: En lo que se refiere a las personas, debe distinguirse entre combatientes y personas civiles, no combatientes y no participes directos en las hostilidades.
En lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyen eficazmente a la acción militar enemiga y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.
En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin. En consecuencia, el ataque deberá ser suspendido o anulado. Igualmente, cuando sea de prever que causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares en el sentido del párrafo 2 del art. 52 del Protocolo I Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949.
• Principio de limitación: En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. Se encuentra prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente, males superfluos o sufrimientos innecesarios.
Ejemplo método (Estrategia / Táctica): Dejar desprovista de víveres o de agua a la población civil para que padezca hambre; El envenenamiento de aguas; Destruir las zonas agrícolas de producción de cosechas, ganado, las obras de riego, con la intención deliberada de privar de dichos bienes, por su valor como medios, para asegurar la subsistencia a la población civil.
Ejemplo medio (Armas): Sembrado minas antipersonal de detonación no controlada; Uso de ciertas armas y municiones prohibidas o restringidas por la Convención de 1980, cuyas disposiciones son objeto de los cinco Protocolos anexos a la Convención: Protocolo I sobre fragmentos no localizables, Protocolo II sobre minas, armas trampa y otros artefactos, 1980, enmendado en 1996; Protocolo III sobre armas incendiarias; Protocolo IV sobre armas láser cegadoras ; Protocolo V sobre restos explosivos de guerra (Este ultimo, no ratificado por Colombia).
• Principio de proporcionalidad: Los eventuales daños incidentales (colaterales) no deben ser excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista obtenida. Aquí no debemos perder de contexto que el fin primordial del Estado y las autoridades de la República (Fuerza Pública) es la protección de todas las personas residentes en Colombia, en su vida, integridad, honra y bienes.

QUE CONSTITUYE ATAQUE INDISCRIMINADO?

Constituye violación del Derecho Internacional Humanitario atacar la población civil, las personas civiles y los bienes civiles los cuales gozan de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares.

Respecto de los bienes clasificados como objetivo militar, debe obrar justificación alguna basada en imperiosa necesidad militar, tomado previamente las medidas de protección adecuadas y oportunas y no encontrarse señalados con los signos convencionales consagrados en la normativa humanitaria internacional. Sin embargo, eventualmente pueden ser objeto de ataque cuando son utilizados para fines militares (Centro actividades directamente relacionadas con las operaciones militares, acantonamiento de tropas o la producción de material de guerra) de conformidad con la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención 1954 - Artículo 19. Conflictos de carácter no internacional.

Para hacer efectiva esta protección, además de las otras normas aplicables de derecho internacional, deben observarse en todas las circunstancias las siguientes:
No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.
Las personas civiles gozan de la protección que confiere el D.I.H., salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.
Se prohíben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados:
a) Los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;
b) Los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o
c) Los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido en Protocolo I;
y que, en consecuencia, en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil.
Se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de ataque:
a) Los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que traten como objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente separados situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil;
b) Los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas civiles.
La presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Las Partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques, o para cubrir operaciones militares.

PRECAUCIONES PARA LOS ATAQUES:

1. Las operaciones militares deben realizarse con cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil.
2. Respecto a los ataques, se tomarán las siguientes precauciones:
a) Quienes preparen o decidan un ataque deberán:
I) Hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de carácter civil, ni gozan de protección especial, sino que se trata de objetivos militares en el sentido del párrafo 2 del artículo 52 GPI y que las disposiciones del citado Protocolo no prohíben atacarlos;
II) Tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil;
III) Abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;
b) Un ataque será suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no es militar o que goza de protección especial, o que es de prever que el ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;
c) Se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan.
3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares para obtener una ventaja militar equivalente, se optará por el objetivo cuyo ataque, según sea de prever, presente menos peligro para las personas civiles y los bienes de carácter civil.
4. En las operaciones militares en el mar o en el aire, cada Parte en conflicto deberá adoptar, de conformidad con los derechos y deberes que le corresponden en virtud de las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, todas las precauciones razonables para evitar pérdidas de vidas en la población civil y daños a bienes de carácter civil.
5. Ninguna de las disposiciones del artículo 57 CPI podrán interpretarse en el sentido de autorizar ataque alguno contra la población civil, las personas civiles o los bienes de carácter civil.
• Para reprimir las infracciones de los Convenios y Protocolos de Derecho Internacional Humanitario ratificados por el Estado Colombiano, se tipificaron en la legislación interna ciertas conductas como delito y/o falta disciplinaria, para cuyo conocimiento las transcribimos, resaltando el derecho a objetar, no cumplir y denunciar ordenes ilícitas. Es decir, no cumplir una orden cuando sea contraria a la ley, ej: Ordenes de ejecuciones o de llevar a cabo acciones militares injustificadas o desproporcionadas contra la propia población o contra el medio ambiente, o contra bienes culturales... (Ver art. 91 CP). Por ende, el servidor público (Militar) que cumpla una orden Inconstitucional y lesiva, ya que el art. 18 de la Constitución Política reconoce a toda persona su autonomía y su inmunidad para no ser obligado en dicho caso a actuar contra su conciencia, por cuanto no podría invocar la causal de exclusión de la antijuridicidad (Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales) consagrada en el art. 32 Nral. 4 del Código Penal o su equivalente en el Código Penal Militar y el Reglamento de Régimen Disciplinario. Las ordenes deben ser legitimas, es decir, tener un contenido lícito y por ende no implica la realización de un hecho punible. La obediencia militar es reflexiva y no ciega. Por ello, todo militar sólo está obligado a cumplir ordenes Constitucionales, Legitimas, Legales, cuya ejecución no entrañe cometer un hecho violatorio de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario., pues estaría jurídicamente legitimado para negarse a cumplirla. (Ver Sent. T-409 de 1992).

LEY 599 DE 2000
CÓDIGO PENAL COLOMBIANO
TITULO II
DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS
POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

CAPITULO ÚNICO

Artículo 135. Homicidio en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.
Parágrafo. Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:
1. Los integrantes de la población civil.
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.
3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
4. El personal sanitario o religioso.
5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.
6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga.
7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados.
8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.
Artículo 136. Lesiones en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, cause daño a la integridad física o a la salud de persona protegida conforme al Derecho Internacional Humanitario, incurrirá en las sanciones previstas para el delito de lesiones personales, incrementada hasta en una tercera parte.
Artículo 137. Tortura en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años, multa de quinientos (500) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.
Artículo 138. Acceso carnal violento en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice acceso carnal por medio de violencia en persona protegida incurrirá en prisión de diez (10) a diez y ocho (18) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para los efectos de este Artículo se entenderá por acceso carnal lo dispuesto en el artículo 212 de este código.
Artículo 139. Actos sexuales violentos en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice acto sexual diverso al acceso carnal, por medio de violencia en persona protegida incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 140. Circunstancias de agravación. La pena prevista en los dos artículos anteriores se agravará en los mismos casos y en la misma proporción señalada en el artículo 211 de este código.
Artículo 141. Prostitución forzada o esclavitud sexual. El que mediante el uso de la fuerza y con ocasión y en desarrollo del conflicto armado obligue a persona protegida a prestar servicios sexuales incurrirá en prisión de diez (10) a diez y ocho (18) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 142. Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, utilice medios o métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarios o males superfluos incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.
Artículo 143. Perfidia. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario, simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente signos de protección como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas o de otros organismos Intergubernamentales, la bandera blanca de parlamento o de rendición, banderas o uniformes de países neutrales o de destacamentos militares o policiales de las Naciones Unidas u otros signos de protección contemplados en tratados internacionales ratificados por Colombia, incurrirá por esa sola conducta en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En igual pena incurrirá quien, con la misma finalidad, utilice uniformes del adversario.
Artículo 144. Actos de terrorismo. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión de quince (15) a veinticinco (25) años, multa de dos mil (2.000) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.
Artículo 145. Actos de barbarie. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como delitos y sancionados con pena mayor, realice actos de no dar cuartel, atacar a persona fuera de combate, de abandonar a heridos o enfermos, o realice actos dirigidos a no dejar sobrevivientes o a rematar a los heridos y enfermos u otro tipo de actos de barbarie prohibidos en tratados internacionales ratificados por Colombia incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a quince (15) años, multa de doscientos (200) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años.
Artículo 146. Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida. El que, fuera de los casos previstos expresamente como conducta punible, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a persona protegida tratos o le realice prácticas inhumanas o degradantes o le cause grandes sufrimientos o practique con ella experimentos biológicos, o la someta a cualquier acto médico que no esté indicado ni conforme a las normas médicas generalmente reconocidas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de cinco (5) a diez (10) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.
Artículo 147. Actos de discriminación racial. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice prácticas de segregación racial o ejerza tratos inhumanos o degradantes basados en otras distinciones de carácter desfavorable que entrañen ultraje contra la dignidad personal, respecto de cualquier persona protegida, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.
Artículo 148. Toma de rehenes. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de su libertad condicionando ésta o su seguridad a la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte, o la utilice como defensa, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de dos mil (2000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.
Artículo 149. Detención ilegal y privación del debido proceso. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive ilegalmente de su libertad a una persona y la sustraiga de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 150. Constreñimiento a apoyo bélico. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, constriña a persona protegida a servir de cualquier forma en las fuerzas armadas de la parte adversa incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 151. Despojo en el campo de batalla. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, despoje de sus efectos a un cadáver o a persona protegida, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 152. Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y estando obligado a prestarlas, omita las medidas de socorro y asistencia humanitarias a favor de las personas protegidas, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 153. Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, obstaculice o impida al personal médico, sanitario o de socorro o a la población civil la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario pueden y deben realizarse, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si para impedirlas u obstaculizarlas se emplea violencia contra los dispositivos, los medios o las personas que las ejecutan, la pena prevista en el artículo anterior se incrementará hasta en la mitad, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Artículo 154. Destrucción y apropiación de bienes protegidos. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles sancionadas con pena mayor, destruya o se apropie por medios ilegales o excesivos en relación con la ventaja militar concreta prevista, de los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Parágrafo. Para los efectos de este artículo y los demás del título se entenderán como bienes protegidos conforme al derecho internacional humanitario:
1. Los de carácter civil que no sean objetivos militares.
2. Los culturales y los lugares destinados al culto.
3. Los indispensables para la supervivencia de la población civil.
4. Los elementos que integran el medio ambiente natural.
5. Las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas.
Artículo 155. Destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, sin justificación alguna basada en imperiosas necesidades militares, y sin que haya tomado previamente las medidas de protección adecuadas y oportunas, ataque o destruya ambulancias o medios de transporte sanitarios, hospitales de campaña o fijos, depósitos de elementos de socorro, convoyes sanitarios, bienes destinados a la asistencia y socorro de las personas protegidas, zonas sanitarias y desmilitarizadas, o bienes e instalaciones de carácter sanitario debidamente señalados con los signos convencionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 156. Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, sin justificación alguna basada en imperiosas necesidades militares y sin que previamente haya tomado las medidas de protección adecuadas y oportunas, ataque y destruya monumentos históricos, obras de arte, instalaciones educativas o lugares de culto, que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, debidamente señalados con los signos convencionales, o utilice tales bienes en apoyo del esfuerzo militar, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 157. Ataque contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, sin justificación alguna basada en imperiosas necesidades militares, ataque presas, diques, centrales de energía eléctrica, nucleares u otras obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, debidamente señalados con los signos convencionales, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años, multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años.
Si del ataque se deriva la liberación de fuerzas con pérdidas o daños en bienes o elementos importantes para la subsistencia de la población civil, la pena será de quince (15) a veinte (20) años de prisión, multa de dos mil (2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.
Artículo 158. Represalias. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, haga objeto de represalias o de actos de hostilidades a personas o bienes protegidos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 159. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años, multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.
Artículo 160. Atentados a la subsistencia y devastación. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ataque, inutilice, dañe, retenga o se apodere de bienes o elementos indispensables para la subsistencia de la población civil, incurrirá en prisión cinco (5) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 161. Omisión de medidas de protección a la población civil. El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, estando obligado a hacerlo, omita la adopción de medidas para la protección de la población civil, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 162. Reclutamiento ilícito. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de seiscientos (600) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 163. Exacción o contribuciones arbitrarias. El que, con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 164. Destrucción del medio ambiente. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos o medios concebidos para causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años, multa de cinco mil (5.000) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años.

TITULO III
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTÍAS
CAPITULO PRIMERO

De la desaparición forzada
Artículo 165. Desaparición forzada. El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.
A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior.
Artículo 166. Circunstancias de agravación punitiva. La pena prevista en el artículo anterior será de treinta (30) a cuarenta (40) años de prisión, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando la conducta se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción.
2. Cuando la conducta se cometa en persona con discapacidad que le impida valerse por sí misma.
3. Cuando la conducta se ejecute en menor de dieciocho (18) años, mayor de sesenta (60) o mujer embarazada.
4. Cuando la conducta se cometa, por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos, comunicadores, defensores de derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos de conductas punibles o disciplinarias, juez de paz, o contra cualquier otra persona por sus creencias u opiniones políticas o por motivo que implique alguna forma de discriminación o intolerancia.
5. Cuando la conducta se cometa por razón y contra los parientes de las personas mencionadas en el numeral anterior, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
6. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado.
7. Si se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el tiempo en que permanezca desaparecida, siempre y cuando la conducta no configure otro delito.
8. Cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima la muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas.
9. Cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su identificación posterior, o para causar daño a terceros.
Artículo 167. Circunstancias de atenuación punitiva. Las penas previstas en el artículo 160 se atenuarán en los siguientes casos:
1. La pena se reducirá de la mitad (1/2) a las cinco sextas (5/6) partes cuando en un término no superior a quince (15) días, los autores o partícipes liberen a la víctima voluntariamente en similares condiciones físicas y psíquicas a las que se encontraba en el momento de ser privada de la libertad, o suministren información que conduzca a su recuperación inmediata, en similares condiciones físicas y psíquicas.
2. La pena se reducirá de una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) cuando en un término mayor a quince (15) días y no superior a treinta (30) días, los autores o partícipes liberen a la víctima en las mismas condiciones previstas en el numeral anterior.
3. Si los autores o partícipes suministran información que conduzca a la recuperación del cadáver de la persona desaparecida, la pena se reducirá hasta en una octava (1/8) parte.
Parágrafo. Las reducciones de penas previstas en este artículo se aplicarán únicamente al autor o partícipe que libere voluntariamente a la víctima o suministre la información.

CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL
Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:
1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor.
2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo.
3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.
4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.
No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura.
5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público.
6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión.
Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas.
7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.
El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible.
8. Se obre bajo insuperable coacción ajena.
9. Se obre impulsado por miedo insuperable.
10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa.
Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado.
11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad.
Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta.
12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente.
LEY 522 DE 1999
CÓDIGO PENAL MILITAR
ARTÍCULO 2. DELITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública derivados del ejercicio de la función militar o policial que le es propia. De conformidad con las pruebas allegadas, la autoridad judicial que conoce del proceso determinará la competencia, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la actividad de la Fuerza Pública.
ARTÍCULO 3. DELITOS NO RELACIONADOS CON EL SERVICIO. CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrán considerarse como relacionados con el servicio los delitos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia.

Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-878-00 de 12 de julio de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, "en el entendido que los delitos en él enunciados, no son los únicos hechos punibles que han de considerarse excluidos del conocimiento de la jurisdicción penal militar, pues todas aquellas conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio, han de entenderse excluidas del campo de competencia de esta jurisdicción especial."

CAPITULO V

DE LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD.

ARTÍCULO 34. CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN. El hecho se justifica:

1. Cuando se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.

2. Cuando se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

3. Cuando se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público.

4. Cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión.

Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, cualquiera sea el daño que se le ocasione.

5. Cuando se actúa por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.

PARÁGRAFO. El que exceda los límites propios de cualquiera de las causas de justificación precedentes incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo, ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para el hecho punible.

ARTÍCULO 35. CAUSALES DE INCULPABILIDAD. No es culpable:

1. Quien realice la acción u omisión por caso fortuito o fuerza mayor.

2. Quien obre bajo insuperable coacción ajena.

3. Quien realice el hecho con la convicción errada e invencible de que su acción u omisión es lícita.

Si el error proviene de culpa, el hecho será punible cuando la ley lo hubiere previsto como culposo.

4. Quien obre con la convicción errada e invencible de que no concurren en la acción u omisión alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal. Cuando dicho error recaiga sobre circunstancia de agravación, ésta no se tendrá en cuenta.

CAPITULO VII
DE LA CULPABILIDAD.

ARTÍCULO 39. DOLO, CULPA O PRETERINTENCIÓN. Sólo se sancionarán los hechos punibles dolosos, a menos que la propia ley establezca expresamente sanciones para conductas culposas o preterintencionales.

ARTÍCULO 40. FORMAS. Nadie puede ser penado por un hecho punible si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención.

ARTÍCULO 41. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente conoce el hecho punible y quiere su realización, lo mismo cuando la acepta al menos como posible.

ARTÍCULO 42. CULPA. La conducta es culposa cuando el agente ejecuta el hecho punible por falta de previsión del resultado previsible o cuando habiéndolo previsto confió en poder evitarlo.

ARTÍCULO 43. PRETERINTENCIÓN. La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente.

DE LOS DELITOS

TITULO SEXTO.
DELITOS CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL.

CAPITULO I.
DE LA DEVASTACIÓN.

ARTÍCULO 174. DEVASTACIÓN. El que en actos del servicio y sin justa causa, destruya edificios, templos, archivos, monumentos u otros bienes de utilidad pública; o ataque hospitales o asilos de beneficencia señalados con los signos convencionales, incurrirá en prisión de uno (1) a ocho (8) años.

CAPITULO II.
DEL SAQUEO Y LA REQUISICIÓN

ARTÍCULO 175. SAQUEO. Los que en operación de combate se apoderen de bienes muebles, sin justa causa y en beneficio propio o de un tercero, incurrirán en prisión de dos (2) a seis (6) años.

ARTÍCULO 176. REQUISICIÓN ARBITRARIA. El que sin justa causa ordenare o practicare requisiciones, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.

ARTÍCULO 177. REQUISICIÓN CON OMISIÓN DE FORMALIDADES. El que practicare requisición sin cumplir las formalidades y sin que circunstancias especiales lo obliguen a ello, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

ARTÍCULO 178. EXACCIÓN. El que abusando de sus funciones, obligue a persona integrante de la población civil a entregar, o poner a su disposición, cualquier clase de bien o a suscribir o entregar documentos capaces de producir efectos jurídicos, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.

ARTÍCULO 179. CONTRIBUCIONES ILEGALES. El que sin facultad legal y sin justa causa establezca contribuciones, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

TITULO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

CAPITULO IV
DE LA OMISIÓN DE APOYO

ARTÍCULO 186. DE LA OMISIÓN DE APOYO ESPECIAL. El que sin justa causa rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido en la forma establecida por la ley, reglamentos, directivas, planes, circulares u órdenes, por el comandante de una Fuerza, unidad, buque o aeronave, para prestar auxilio en operaciones de campaña o de control del Orden Público, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

La pena prevista en el inciso anterior será de tres (3) a seis (6) años de prisión, si como consecuencia de la omisión de apoyo se produjeren perjuicios materiales para la Fuerza Pública, sin perjuicio de lo previsto para el caso del concurso de hechos punibles.

Si el apoyo de que trata el inciso 1 del presente artículo, se refiere a las solicitudes de las autoridades civiles, la pena imponible será prisión de uno (1) a cuatro (4) años.

LEY 836 DE 2003

REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LAS FUERZAS MILITARES

ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD Y DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La potestad disciplinaria corresponde al Estado. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a las Fuerzas Militares conocer de los asuntos disciplinarios que se adelanten contra sus miembros.

La acción disciplinaria es independiente de cualquier otra que pueda surgir de la comisión de la falta.

ARTÍCULO 14. FUNCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales aplicables.

ARTÍCULO 31. REQUISITOS DE LA ORDEN. Toda orden militar debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y concisa.

ARTÍCULO 33. RESPONSABILIDAD DE LA ORDEN. La responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta.

Cuando el subalterno que la recibe advierta que de su ejecución puede derivarse manifiestamente la comisión de una conducta punible, infracción disciplinaria o fiscal, el subalterno no está obligado a obedecerla.

TITULO III
CAPITULO ÚNICO
DE LAS FALTAS

ARTÍCULO 56. NOCIÓN. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la realización de cualquiera de las conductas o comportamientos previstos como tal en el presente reglamento, que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y atribuciones, trasgresión de prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el presente ordenamiento.

Para efectos del presente reglamento, también se deberá tener presente lo dispuesto en los artículos 34 numeral 1 y 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, referentes a los deberes y prohibiciones universales de todo servidor público.

ARTÍCULO 57. CLASIFICACIÓN. Las faltas disciplinarias se clasifican en gravísimas, graves y leves.

ARTÍCULO 58. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas (Se transcriben los numerales de interés en el tema DD.HH. – D.I.H.)

6. Comandar, desempeñar cargos de responsabilidad, o formar parte de tripulación aérea, marítima, fluvial o terrestre o participar en comisión de orden público, en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias sicotrópicas que produzcan dependencia física o síquica.

8. Facilitar por cualquier medio, a personas o entidades no autorizadas constitucional, legal o reglamentariamente, el conocimiento de información o documentos clasificados como: Restringidos, reservados, secretos o ultrasecretos, sin la debida autorización.

11. Practicar la prostitución dentro de las instalaciones militares, así como propiciar tales comportamientos.

12. Sustraer o apoderarse de bienes o valores ajenos, en beneficio propio o de un tercero, durante operación militar, u otra actividad propia de los actos del servicio, así como intentar hacerlo.

13. Abandonar o resignar el mando en otra persona sin motivo justificado, durante operaciones de combate.

14. No entrar en combate, pudiendo y debiendo hacerlo; ocultarse o simular enfermedad para rehuirlo, retirarse indebidamente o incitar a la huida injustificada, dejar de perseguir al enemigo, estando en capacidad de hacerlo con las fuerzas a su mando, o no prestar el auxilio, apoyo o abastecimiento requerido, cuando tenga posibilidad de hacerlo.

15. Ceder ante el enemigo o abandonar el puesto sin agotar los medios de defensa de que hubiere podido disponer, en caso de conflicto armado, turbación del orden público, calamidad pública o peligro común.

16. No adoptar las medidas preventivas necesarias para la defensa de la base, puesto, repartición, o buque, a su cargo, o para desplazamientos de tropa bajo su mando.

19. Tomar parte, propiciar o facilitar acciones contra la seguridad de la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado.

23. Imponer correctivos o sanciones que atenten contra la vida o integridad o dignidad de la persona.

24. Divulgar o propiciar que otro divulgue información que pueda poner en peligro la seguridad o el éxito de las operaciones militares.

30. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando del mismo.

34. Incurrir en cualquiera de las faltas definidas en los numerales 4 al 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

ARTÍCULO 59. FALTAS GRAVES. Son faltas graves:

9. Dar lugar a la prescripción de la acción penal, administrativa o disciplinaria.

11. Sobrepasar sin permiso los límites fijados para la guarnición, puesto, acantonamiento o vivac cuando se está en campaña, misión de orden público o en actos del servicio.

12. Ordenar o practicar requisiciones sin justa causa.

13. Demostrar en conflicto armado, turbación del orden público, calamidad pública o peligro común, temor ante el peligro o ante el enemigo, menoscabando la moral de los subordinados.

16. El incumplimiento de las órdenes que afecte gravemente la prestación del servicio, de una actividad o el éxito de las operaciones.

18. Incumplir las precauciones de seguridad cuando se manejan armas, explosivos o cuando se está al mando de una embarcación, aeronave, nave o vehículo.

20. Cambiar las instrucciones consignadas en las Ordenes de Operaciones de cualquier tipo o en los Manuales de Operación y Sumarios de Ordenes Permanentes que regulan una determinada actividad, sin justificación ni autorización o por fuera de las atribuciones propias del cargo.

41. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como sancionable a título de culpa, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

45. Encubrir o tratar de encubrir las faltas cometidas por personal subalterno bajo su mando.

47. Cambiar sin justificación ni autorización las órdenes impartidas por los superiores.

ARTÍCULO 60. FALTAS LEVES. Son faltas leves:

7. Tratar al público en forma inculta o despótica.

9. No observar la consideración y respeto debidos a la dignidad y el honor del personal militar y civil.

12. La negligencia en prevenir y corregir las conductas que den lugar a infracciones contra la disciplina.

19. Demandar explicaciones al superior sobre el fundamento de una orden, reconvención u observación.

Corte Constitucional

- Numeral declarado CONDICIONALMENTE exequible, "... bajo el entendimiento según el cual la solicitud de explicaciones sólo puede proceder, antes de su ejecución, en el caso de órdenes aparentemente violatorias de derechos humanos" por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431-04 de 6 de mayo de 2004, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

ARTÍCULO 62. CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES.

1. Separación absoluta. Para oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o profesionales cuando incurran en falta gravísima dolosa.

2. Suspensión hasta por noventa (90) días sin derecho a remuneración. Se aplicará a oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o profesionales que incurran en falta grave o gravísima. En ningún caso se computará como tiempo de servicio.

3. Reprensión simple, formal o severa. Se aplicará a oficiales, suboficiales y soldados cuando incurran en faltas leves.

TITULO IV
DE LAS SANCIONES

CAPITULO IV
EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

ARTÍCULO 68. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien obre amparado por alguna de las causales de exclusión de responsabilidad previstas en el Código Penal Militar y Código Penal.

CÓDIGO PENAL INTERNACIONAL

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

La comunidad internacional con la aprobación del Estatuto de Roma envió al mundo entero dos mensajes. El primero, de carácter político, la reiteración de que la paz y la seguridad internacionales tienen como presupuesto fundamental el respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad individual y el derecho al debido proceso. El segundo, de índole jurídica, la consagración del principio consuetudinario según el cual toda persona que cometa un crimen internacional, perpetrado por actores estatales o no estatales, es individualmente responsable del mismo, sin que pueda eximirse de responsabilidad invocando su cargo oficial, el obedecimiento de órdenes superiores o el transcurrir del tiempo.

Ante la ratificación por el Estado Colombiano del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 10 de diciembre de 1998, aprobado mediante la Ley 742 de 2002 sin perjuicio del empleo de la disposición de transición contenida en el artículo 124 de este instrumento para declarar que durante siete años no aceptará la competencia de la Corte sobre crímenes de guerra cometidos por los nacionales o dentro del territorio colombiano, debemos recordar que a partir del 02 de julio de 2002 dicho organismo internacional puede investigar los crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión, ente que se rige por el principio de la complementariedad o subsidiariedad, en cuya virtud sólo puede actuar cuando la jurisdicción nacional carezca de la disposición o de la capacidad de perseguir un delito con respecto al cual ejerce competencia.

Tiene como misión juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad como la esclavitud, el apartheid, el exterminio, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, los secuestros y la agresión, entre otros. Tiene su sede en La Haya, Países Bajos.

DOCTRINA FUERZA AÉREA

RESPONSABILIDADES GENERALES Y COMPOSICIÓN DE LA FUERZA AÉREA

La Fuerza Aérea responde por el dominio del espacio aéreo, la conducción y preparación de las unidades aéreas necesarias para la eficaz ejecución de la guerra y mantenimiento de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden interno, en concordancia con los planes de seguridad exterior, interior y de movilización.

La Fuerza Aérea comprende los comandos aéreos de combate, bases y grupos aéreos. Con la responsabilidad del cubrimiento de todo el espacio aéreo marítimo y terrestre de la nación, mediante la flexibilidad operacional que se logra con el empleo de la velocidad y el alcance de las aeronaves, para concentrar rápidamente el poder aéreo en cualquier lugar y atacar el objetivo predeterminado según la circunstancia.

FUNCIONES PRIMARIAS

a. Organizar, entrenar y equipar los componentes aéreos para integrar los comandos conjuntos.

b. Obtener la superioridad aérea para facilitar la ejecución de las operaciones terrestres, navales y aéreas.

c. Organizar y proveer el transporte y movilidad aérea hacia y desde el teatro de operaciones.

d. Apoyar los requerimientos de apoyo de fuego solicitados por las fuerzas.

e. Suministrar la logística y transporte aéreo necesarios para que los componentes aéreos puedan cumplir con su misión.

f. Organizar y dirigir la defensa aérea del territorio nacional.

g. Desarrollar doctrinas y procedimientos, en coordinación con las otras fuerzas, para la defensa conjunta del país.

h. En coordinación con las otras fuerzas organizar, equipar y entrenar unidades para adelantar operaciones conjuntas, de acuerdo con la doctrina establecida por el Comando General de las Fuerzas Militares.

i. Producir la inteligencia aérea que se requiera para desarrollar las operaciones aéreas de los comandos conjuntos.

En coordinación con las otras fuerzas efectuar operaciones de interdicción aérea.

OPERACIONES TIPO:

Manual de Estado Mayor y Mando Conjunto para las Fuerzas Militares (FF.MM. 3-26 Reservado – Primera Edición – 2005)

REGLAS DE ENFRENTAMIENTO FUERZA AÉREA

1. Solo puedo disparar si está identificado en el sistema de puntería o de armas, el objetivo militar que se pretende batir.

2. Solo puedo salir a vuelo, si tengo clara la misión, el objetivo de la misión y el nivel de autorización para la utilización de las armas. Si existen dudas sobre la naturaleza militar del objetivo, debo cancelar la misión.

3. Ante agresión actual o inminente se podrá hacer uso de las armas en defensa propia, de terceros, poblaciones o unidades de la fuerza pública.

4. Solo puedo disparar a una aeronave en el aire o en tierra, si he recibido la autorización correspondiente.

Toda aeronave de la Fuerza Aérea tiene derecho a su propia defensa si alguna aeronave interceptad