Oficina Alto Comisionado para la Paz - Ley de Justicia y Paz

INDICE
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE: PRESENTACIÓN DIDÁCTICA

1. CONCEPTOS BÁSICOS
a. Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley
b. Desmovilización
c. Víctima
d. Daño
e. Alternatividad
f. Pena Alternativa
g. Libertad a Prueba

2. GENERALIDADES
a. Objeto de la Ley
b. Ámbito de Aplicación de la Ley
c. Criterios Generales de Procedencia de la Alternatividad
d. Interpretación: Sujeción a Normas Internacionales
e. Requisitos de Elegibilidad para el caso de Desmovilizaciones Colectivas
f. Requisitos de Elegibilidad para el caso de Desmovilizaciones Individuales
g. Naturaleza de los Delitos

3. INSTITUCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY
a. Instituciones para la Ejecución de la Ley de Justicia y Paz
b. Según la Rama del Poder Público

4. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
a. Derecho a la Verdad
b. Derecho a la Justicia
c. Derecho a la Reparación

5. PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

6. DERECHOS DEL PROCESADO
a. Debido Proceso

7. INSTITUCIONES PARA LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS
a. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
b. Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes
c. Fondo para la Reparación de las Víctimas
d. Red de Solidaridad Social

8. PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO
a. Investigación
b. Juzgamiento

9. ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN

10. RECURSOS
a. Reposición
b. Apelación
c. Acción Extraordinaria de Revisión

11. HECHOS NUEVOS POSTERIORES AL FALLO
a. Hechos Conocidos con Posterioridad

12. PROCEDIMIENTO POST-PENA

13. ACUERDOS HUMANITARIOS

14. REBAJA DE PENAS

SEGUNDA PARTE: TEXTO DE LA LEY

INTRODUCCIÓN

No existe en Colombia tradición de articular procesos de paz con aplicación de la justicia. En el acuerdo de La Uribe, firmado con las FARC en 1984, se habla de perdón y olvido. En el acuerdo con el M-19 de 1990 sólo se habla de indulto, actitud complementada con la expedición de la llamada ley de “reindulto”, que en 1992 impidió a la Fiscalía continuar con la investigación a la cúpula de ese grupo guerrillero por los hechos del Palacio de Justicia.

Durante las conversaciones con las FARC y el ELN en la administración anterior el tema de la justicia no fue abordado. Conciente de los avances internacionales en la materia, que impiden indulto y amnistía para delitos atroces, el actual gobierno decidió tomar el toro por los cuernos.

En septiembre de 2003 se presentó al Congreso el proyecto de ley de “alternatividad penal”, que contemplaba investigación, juicio y condena, para los responsables de delitos diferentes al concierto para delinquir con el propósito de conformar grupos guerrilleros o de autodefensas. Se establecía además la obligación de reparar a las víctimas y el otorgamiento del beneficio de suspensión condicional de la pena a quienes, habiendo cumplido los anteriores requisitos, contribuyeran a la consolidación de la paz nacional. El compromiso de no volver a delinquir aparecía como condición para mantener los beneficios hacia el futuro.

Bajo el liderazgo del Presidente de la República se adelantó un debate nacional que culminó, en abril del 2004, en un consenso con los ponentes del proyecto en la Comisión Primera del Senado. Quedó desde entonces establecido que debía existir una pena privativa de la libertad mínima de 5 años, antes de acceder a los beneficios. También se reafirmó la plena independencia del poder judicial, limitándose la intervención del ejecutivo a presentar los candidatos para que su caso fuese calificado por los jueces.

Posteriores avances en el tema de reparación, protección a las víctimas y definición de un procedimiento oral especial para adelantar los juicios, complementaron el proyecto final y quedaron plasmados en la propuesta presentada de nuevo al Congreso en febrero de 2005.

El texto conciliado y aprobado el pasado 22 de junio de 2005 por el Congreso de la República complementa la ley 782 de 2002, cuyos beneficios solo pueden concederse a responsables de delitos indultables. No hay perdón para delitos atroces. Los responsables de delitos como secuestro y homicidio, hasta delitos atroces, deberán someterse a un procedimiento judicial especial que aplica los principios de la justicia restaurativa, centrando su atención en la colaboración con las autoridades por parte de los procesados y la reparación a las víctimas.

Más allá de la reparación material o indemnización como ha sido usual en Colombia, el proyecto establece la necesidad de adelantar acciones de restitución, rehabilitación y satisfacción. Se integran también, por primera vez a la ley penal nacional, las figuras de la reparación simbólica y garantías de no repetición. Ante la autoridad competente o mediante un incidente de reparación si así lo prefiere, la víctima demanda sus pretensiones y aporta pruebas, quedando en manos del juez la toma de decisiones.

La ejecución de las labores de reparación corre a cargo del Fondo para la Reparación a las Víctimas.

Un Consejo Nacional de Reparación y Reconciliación, presidido por el Vicepresidente de la República y con representación de diversos estamentos, entre ellos las organizaciones de víctimas, es el encargado de supervisar las labores de reparación y de presentar un informe público sobre el surgimiento y accionar de los grupos armados ilegales que se desmovilicen.

Dicho consejo debe velar además por el eficaz desmantelamiento de las organizaciones armadas ilegales, poner en marcha programas de reparación colectiva en las regiones donde éstas han operado y coordinar las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes.

Para acceder al beneficio de la pena alternativa –que oscila entre 5 y 8 años – se establecen tres canales de ingreso. En el caso de las desmovilizaciones colectivas es requisito la desmovilización y desmantelamiento del grupo armado ilegal, la entrega de todos los bienes ilícitos, así como la entrega de secuestrados y de los menores que se encuentren dentro de las filas. En el caso de la desmovilización individual, deberá brindarse información o colaboración eficaz para el desmantelamiento del grupo al que se pertenecía.

Una tercera vía de ingreso es para miembros de grupos ilegales con los que se alcancen acuerdos humanitarios; en este caso el Presidente podrá fijar las condiciones que considere pertinentes para la adecuada aplicación del instrumento. Ningún delito cometido antes de la pertenencia al grupo armado ilegal, ni después de la desmovilización, será cobijado por el beneficio de la pena alternativa. No se interfiere tampoco con los procesos de extradición en marcha, ni con requerimientos de tribunales internacionales.

Entre las condiciones de elegibilidad se establece con claridad que ni el beneficiario de manera individual, ni el grupo al que pertenecían, pueden haber tenido como finalidad el tráfico de drogas o el enriquecimiento ilícito. Todos los desmovilizados deben rendir versión libre sobre su pertenencia al grupo. Aunque se mantiene el espíritu constitucional que impide la autoincriminación o la confesión bajo coacción, queda claro para el desmovilizado que si omite la confesión de un delito o no acepta los cargos que presenta la Fiscalía, tal caso pasa a la competencia de la justicia ordinaria, rompiéndose la unidad procesal, pues bajo la competencia de ésta no puede recibir el beneficio. Si el delito confesado es indultable – rebelión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas–, accede a los beneficios de la ley 782. Por los demás delitos confesados o los cargos aceptados, podrá recibir el beneficio de la pena alternativa después de ser juzgado, haber recibido condena y cumplir con los requisitos de reparación establecidos por el tribunal.

Dentro del espíritu de la ley se consagra la necesidad de estimular la reconstrucción de la verdad, por lo que resulta fundamental exigir al desmovilizado que mantenga una actitud de permanente colaboración con las autoridades, tanto para el cabal esclarecimientos de los hechos en que participó como para el desmantelamiento eficaz del grupo al que pertenecía.

Por tal motivo, si después de haber recibido el beneficio de la pena alternativa se tiene conocimiento de hechos nuevos cometidos durante y con ocasión de pertenencia al grupo armado ilegal, el condenado podrá mantener dicho beneficio siempre y cuando los hechos en mención no hubiesen sido ocultados de manera intencional, acepte cargos, colabore con la justicia en el esclarecimiento de lo sucedido y repare a las víctimas. Dependiendo de la gravedad de los hechos el juez incrementará en un 20% el tiempo de pena alternativa.

Dos normas consignadas en la ley merecen un cometario adicional. Para dar soporte jurídico a la desmovilización de los miembros de las autodefensas que no han cometido delitos atroces, se tipifica la conducta de éstos como una modalidad del delito de sedición, teniendo en cuenta que con su accionar interfieren con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. No se busca de ésta forma dar estatus político a los paramilitares, sino actuar en concordancia con el ordenamiento legal colombiano que sólo permite conceder indulto a los responsables de los llamados delitos políticos.

Tal como lo establece la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y los Tratados Internacionales, no se permite la conexidad del delito político con los delitos atroces o el narcotráfico.

Por otro lado, con el propósito de hacer extensivos los beneficios de la justicia restaurativa a los condenados que al momento de la expedición de la ley cumplan penas con sentencias ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Se exceptúan de éste beneficio los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, lesa humanidad y narcotráfico.

Algunos críticos han dicho que la ley favorece la impunidad y no facilita la paz del país. Al contrario, por no tratarse de una ley de perdón y olvido, todos los delitos deben ser investigados, los delincuentes sancionados y las víctimas reparadas. No hay prescripción para delitos no confesados. En comparación con procesos de paz recientes en otras partes del mundo, en Colombia se aplican estándares internacionales más altos en el campo de la justicia, exigiéndose confesión y un tiempo mínimo de pena privativa de la libertad antes de acceder a los beneficios. El Estado conserva toda su capacidad de investigación y juzgamiento, pues no se trata de una ley de indulto o amnistía.

Ninguna persona dedicada al tráfico de drogas o al enriquecimiento ilícito puede beneficiarse con la ley.

El tema de la extradición no se toca en ella, conservando el gobierno toda la facultad para cumplir con los tratados y convenios internacionales. Tal como lo ha dicho de manera pública el señor Presidente de la República, la extradición no es tema de negociación con los grupos armados ilegales.

Los derechos de las víctimas están plenamente garantizados. Los Tribunales deben ordenar medidas de reparación, incluso en los casos en que no se ha individualizado al victimario.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Fondo para la Reparación de Víctimas y las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes, son instituciones que resultan novedosas dentro de la legislación colombiana. No existe por demás inmunidad frente a la ley de extinción de dominio, que ha permitido hasta el presente la recuperación por el Estado de 5.042 bienes ilícitos.

La ley de justicia y paz es un instrumento novedoso, que permitirá adelantar en Colombia procesos de paz sin soslayar el componente de la justicia.

Cumpliremos así con éstos dos ejes regulativos de nuestro ordenamiento jurídico, que tienen además el carácter de derechos fundamentales que se articulan de manera recíproca. Agotados los requisitos de la justicia en materia de investigación, juicio y condena, los miembros de los grupos armados ilegales que cumplan con las condiciones de elegibilidad, podrán recibir el beneficio de la pena alternativa, siempre y cuando hayan contribuido de manera eficaz a la consecución de la paz nacional.

Cumpliendo con todos los principios internacionales propios del derecho penal, el único que se modifica parcialmente es el principio de proporcionalidad, decisión que se justifica teniendo en cuenta que con el desmantelamiento del grupo armado ilegal y la reparación de las víctimas se aseguran las garantías de no repetición, propósito central de la política penal.

El hecho de reparar las víctimas para sanar el pasado y desmontar el grupo armado ilegal para evitar nuevas víctimas hacia el futuro, compensa con creces esta modificación del principio de proporcionalidad de la pena privativa de la libertad, pasando de una justicia retributiva – centrada en el castigo al victimario – a una justicia restaurativa, que busca sanar la sociedad y consolidar la paz nacional.

Al asegurar el establecimiento de la verdad como insumo central para la reparación de las víctimas y la prevención de nuevos delitos como consecuencia del proceso de paz, se cumple con los requisitos centrales de la no repetición: sanar heridas hacia el pasado y prevenir delitos hacia el futuro, ajustándonos de esta manera a la teoría penal contemporánea y los estándares nacionales e internacionales en la materia. Superando décadas de paz con impunidad, paz y justicia son ahora esferas complementarias. Mensaje que deben entender a plenitud tanto autoridades, como guerrilleros y autodefensas. Las políticas de perdón y olvido son asunto del pasado.

LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ
Alto Comisionado para la Paz

PRIMERA PARTE
PRESENTACIÓN
DIDÁCTICA

1. CONCEPTOS BÁSICOS

a. GRUPO ARMADO ORGANIZADO AL MARGEN DE LA LEY (GAOML) TODO O UNA PARTE SIGNIFICATIVA E INTEGRAL GUERRILLA O AUTODEFENSAS BLOQUES FRENTES OTROS.

b. DESMOVILIZACIÓN ACTO INDIVIDUAL O COLECTIVO DE:
Dejar las armas
Abandonar el GAOML
REALIZADO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE

c. VÍCTIMA
Individualmente
Cualquier persona que haya sufrido daños directos por un hecho punible de que trata le ley colectivamente

En caso de muerte o desaparecimiento de la Víctima:
- cónyuge
- compañero (a) permanente
- familiar en 1° de consanguinidad – 1° civil

Miembros de la Fuerza Pública
En caso de muerte del miembro de la fuerza pública en desarrollo de actos del servicio, en relación del mismo o fuera de él:
- cónyuge
- compañero (a) permanente
- familiar en 1° consanguinidad

d. DAÑO
Cualquier tipo de daño, tal como: (no es taxativo) física

- Lesiones algún tipo de discapacidad psíquica Transitorias sensorial que ocasionen sufrimiento emocional

- Lesiones pérdida financiera
Permanentes menoscabo de sus derechos fundamentales

Debe ser Directo
Que constituya hecho punible de que trata la ley
Debe ser consecuencia de una acción
Que haya sido realizada por un miembro de un GAOML

e. ALTERNATIVIDAD
Beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la sentencia, reemplazándola por una pena alternativa entre 5 y 8 años.

f. PENA ALTERNATIVA
DOSIFICACIÓN: De conformidad con las reglas del Código de Procedimiento Penal.

CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN:
- Gravedad de los delitos
- Colaboración efectiva en el esclarecimiento de los hechos

REQUISITOS DE PROCEDENCIA
- Compromiso de su contribución a su resocialización a través de trabajo, estudio o enseñanza, durante el tiempo de privación de la libertad.
- Compromiso de promoción de actividades orientadas a la desmovilización del grupo al que perteneció.

g. LIBERTAD A PRUEBA
Periodo durante el cual el beneficiario se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley.

TÉRMINO Igual a la mitad de la pena alternativa impuesta.

2. GENERALIDADES

a. OBJETO DE LA LEY
Facilitar
- Procesos de Paz
- La Reconciliación Nacional
- Acuerdos Humanitarios
- Reparación - Verdad
- Los derechos de las Víctimas frente Acceso a la justicia a la administración de Justicia

Medidas de Protección
Deber de Memoria
La Reincorporación a la Vida Civil de los miembros de GAOML
En cumplimento de los Acuerdos con el Gobierno Nacional desmantelar y desarticular el GAOML de que se trate.

Investigación y Juzgamiento de las conductas cometidas DURANTE y con OCASIÓN de su pertenencia al GAOML Posibilidad de acceder al beneficio de una PENA ALTERNATIVA, previo cumplimiento de los requisitos.

b. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
Investigación personas vinculadas
Procesamiento a GAOML: Hechos cometidos DURANTE
Sanción - autores y con OCASIÓN de la
Beneficios judiciales - partícipes pertenencia al GAOML SIEMPRE QUE EXISTA
Decisión de desmovilización
Decisión de contribuir en forma decisiva a la Reconciliación Nacional

b1. EXCLUSIONES

Hechos cometidos con anterioridad a la pertenencia.
Hechos cometidos durante la pertenencia que no tengan relación con su objeto.
Hechos ocurridos con posterioridad a la vigencia de la ley.

c. CRITERIOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ALTERNATIVIDAD
Contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional
Colaboración con la Justicia
Reparación a las Víctimas
Adecuada Resocialización

d. INTERPRETACIÓN: SUJECIÓN A NORMAS INTERNACIONALES

Colombia ha ratificado los tratados públicos.
Ellos forman parte del BLOQUE DE CONSTITUCIOANLIDAD – prevalencia sobre leyes. Su texto queda expresamente incorporado a la ley.
Ellos guían tanto la INTERPRETACIÓN como la APLICACIÓN de la ley.

“La aplicación y la interpretación de las disposiciones previstas en ésta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia”.

“La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no deben entenderse como la negación de otras internacionales que regulan la materia”.

En particular, la ley incorpora en forma expresa la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de
1988.

“A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente Convención, en
particular la cooperación prevista en los artículos 5, 6, 7, y 9, LOS DELITOS TIPIFICADOS DE CONFORMIDAD CONELPRESENTE ARTÍCULO (todas las formas de narcotráfico) NO SE CONSIDERÁN COMO DELITOS FISCALES O COMO DELITOS POLÍTICOS, NI COMO DELITOS POLÍTICAMENTE MOTIVADOS, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y principios fundamentales del derecho interno de las partes”.

e. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL CASO DE DESMOVILIZACIONES COLECTIVAS

1. En cumplimiento de un acuerdo con el Gobierno Nacional, que el GAOML se haya desmovilizado y se haya desmantelado.
2. Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.
3. Que el grupo ponga a disposición del ICBF la totalidad de los menores de edad reclutados.
4. Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas.
5. Que el grupo cese toda actividad delictiva.
6. Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
7. Que se liberen las personas secuestradas que se hallen en poder del grupo.

f. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL CASO DE DESMOVILIZACIONES INDIVIDUALES

1. Que la persona entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.
2. Que la persona haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.
3. Que la persona se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno para el efecto.
4. Que la persona cese toda actividad ilícita.
5. Que la persona entregue los bienes producto de la actividad ilegal, si los tuviere.
6. Que la actividad de la persona no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

g. NATURALEZA DE LOS DELITOS

DELITOS POLÍTICOS Y CONEXOS DELITOS NO AMNISTIABLES NI INDULTABLES

INDULTO - AMNISTÍA ALTERNATIVIDAD
LEY 782 DE 2002 LEY DE JUSTICIA Y PAZ

DECRETO REGLAMENTARIO 128 DE 2003

DECRETO REGLAMENTARIO 3360 DE 2003

Artículos relacionados de Justicia y Paz:
ART. 65. MENORES
ART. 70.
ART. 72. SEDICIÓN

3. INSTITUCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY

a. INSTITUCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍA PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ
PROCURADURÍA JUDICIAL PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ
COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN
COMISIONES REGIONALES PARA LA RESTITUCIÓN DE BIENES
FONDO PARA LA REPRACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

b. SEGÚN LA RAMA DEL PODER PÚBLICO, PARTICIPAN:
RAMA EJECUTIVA
Vicepresidencia de la República
Ministerio del Interior y de Justicia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Red de Solidaridad Social

ORGANOS DE CONTROL
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz
Contraloría General de la República
Defensoría del Pueblo
Personerías Municipales y Distritales
ORGANIZACIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Organizaciones de Víctimas

RAMA JUDICIAL
Consejo Superior de la Judicatura
Tribunales Superiores de Distrito para la Justicia y la Reparación
Corte Suprema de Justicia
Fiscalía General de la Nación
Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Reparación

MIXTAS
ESTATAL Y CIUDADANA
Comisión Nacional para la Reparación y La Reconciliación
Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes
Fondo para la Reparación de las Víctimas
Oficina Alto Comisionado para la Paz 29

4. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

a. DERECHO A LA VERDAD
Es un derecho PLENO e INALIENABLE
Debe ser efectivo
Las investigaciones judiciales de que trata la ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas e informar a sus familiares
Se da especial importancia a la verdad sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada

La aplicación de la ley no impide la práctica futura de otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad histórica (comisiones de investigación – comisiones de verdad)

Deber de Memoria y Conservación de Archivos

- La Ley prevé la obligación de mantener el conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los GAOML, mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber del Estado de Preservar la Memoria Histórica. (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación)

- La ley impone la obligación de preservar archivos.
Los órganos judiciales que los tengan a su cargo y la Procuraduría General de la Nación DEBEN adoptar las medidas necesarias para impedir la sustracción, falsificación y destrucción de archivos.

- En términos generales, el acceso a los archivos es libre. Sin embargo, como límites excepcionales sólo procederán los tendientes a:

Custodia y adecuado mantenimiento del material. Nunca con fines de censura.
Resguardar el derecho a la intimidad de:
- Las víctimas de la violencia sexual
- Las niñas, niños y adolescentes víctimas

Prevenir o causar más daños innecesarios a las víctimas, los testigos u otras personas.

Prevenir o crear algún peligro para la seguridad de las víctimas.

b. DERECHO A LA JUSTICIA
Es una obligación del Estado
Debe ser efectivo

La investigación debe conducir a:

- Identificación
- Captura de los RESPONSABLES
- Sanción

Comprende asegurar a las víctimas:

- El acceso de recursos eficaces que reparen el daño
- La adopción de medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones

Materialización - Cumplimiento a cargo del Estado

- Trato digno y humano durante el procedimiento
- Protección del derecho a la intimidad
-Garantía de su seguridad, la de sus familiares, y testigos (cuando resultaren amenazados)
- Reparación integral pronta de los daños sufridos – a cargo del autor responsable del hecho punible
- Ser oídas
- Facilitación del aporte de pruebas
- Tener contacto con las autoridades
- Acceso a información
- Conocimiento de la verdad de los hechos de los que se ha sido víctima
- Información sobre decisión definitiva sobre la persecución penal
- Interposición de Recursos
- Asistencia de abogados
- Asistencia de la Procuraduría General de la Nación
- Asistencia integral para su recuperación
- Asistencia gratuita de traductor o intérprete (de ser necesario)
- A protección -PROTECCIÓN

c. DERECHO A LA REPARACIÓN
Se tramita como incidente dentro del proceso penal
Procede a instancia de:
- la víctima
- el Fiscal Delegado
- el Ministerio Público a instancia de la Víctima
Parte de la pretensión de la víctima
Da prelación a la conciliación (conformidad de la víctima con su pretensión)
Es fijada por la autoridad judicial competente

ACTOS DE REPARACIÓN
- Entrega al Estado de Bienes obtenidos ilícitamente para reparación
- Declaración pública que restablezca la dignidad de las víctimas
- Reconocimiento público de haber causado daño a las víctimas, declaración pública de arrepentimiento, solicitud de perdón dirigido a las víctimas y promesa de no repetición de actos.
- Colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y localización de los cadáveres de las víctimas
- Búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar, según tradiciones familiares y comunitarias.

CLASES

- INDIVIDUAL

- COLECTIVA Reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. El Gobierno – siguiendo recomendaciones de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones - debe implementar un programa institucional de reparación colectiva que incluya acciones tendientes a:

Recuperación de la institucionalidad, particularmente en zonas afectadas pro la violencia.

Recuperación y promoción de los derechos de los ciudadanos afectados por la violencia

Reconocimiento y dignificación de las víctimas.

- REAL

- SIMBÓLICA Tiende a asegurar:
La preservación de la memoria histórica
La no repetición de los hechos victimizantes
La aceptación pública de los hechos
El perdón público
El restablecimiento de la dignidad de las víctimas

COMPONENTES
La Restitución
Toda acción que propenda por la Indemnización
la Rehabilitación
la Satisfacción y las Garantías de No Repetición

RESTITUCIÓN Acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

Incluye:
• Restablecimiento de la libertad
• Retorno a su lugar de residencia
• Devolución de sus propiedades

INDEMINIZACIÓN Compensación de los perjuicios causados
REHABILITACIÓN Acciones tendientes a la recuperación de los traumas físicos y psicológicos.

Incluye:

• Atención médica y psicológica para víctimas y familiares en 1 grado de consanguinidad. – DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DEL FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS.

SATISFACCIÓN Compensación moral. Acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad. Y GARANTÍAS DE Adoptadas por las autoridades.

NO REPETICIÓN Incluyen:
• Verificación de los hechos
• Difusión pública y completa de la verdad

Requisitos:

- Que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas
- Que no cree un peligro a la víctima, los testigos u otras personas.

• Búsqueda de los desaparecidos o personas muertas. – ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. (Fiscalía para la Justicia y la Paz)

• Decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de las víctimas y de sus parientes de 1° de consanguinidad. (Fiscalía y Tribunal).

• Disculpa que incluya:
- Reconocimiento público de los hechos
- Aceptación de responsabilidades

• Aplicación de sanciones a responsables
• Orden de conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas. (Tribunal)
• Recomendación a los órganos políticos o gubernamentales de los distintos niveles, la adopción de éstas medidas. (Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación)
• Prevención de violaciones de derechos humanos
• Asistencia a cursos en materia de derechos humanos a los responsables. (Tribunal)

TITULARIDAD DE LA OBLIGACIÓN

a. SI EXISTE DECLARACIÓN JUDICIAL DE RESPONSABILIDAD

EL TITULAR ES EL MIEMBRO DEL GAOML QUE:
- haya sido declarado responsable
- haya sido beneficiario de la pena alternativa

b. SI NO SE HA LOGRADO INDIVIDUALIZAR EL SUJETO ACTIVO Y:
- se comprueba el daño
- se comprueba el nexo causal del daño con las actividades del GAOML

EL TITULAR ES EL FONDO DE REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS

5. PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

a. PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS
Obligación del Estado adoptar las medidas correspondientes en caso de ser necesarias
Comporta:
- Seguridad
- Bienestar físico y psicológico
- Dignidad
- Vida privada

Factores que determinan el tipo de medida
- En general, todos los pertinentes
- En particular,
Edad
Género
Salud violencia sexual revisten
Índole del delito irrespeto a la igualdad de género particular
violencia contra niños y niñas importancia
Medidas especiales de protección
- Excepción al principio de publicidad
Celebración de diligencias procesales a puerta cerrada
Práctica de testimonios a través de audio - video para garantizar el ejercicio del derecho a la contradicción y confrontación de las partes.
-Abstención de presentación de documentos originales en diligencias anteriores al juicio
- resumen de sus elementos.

6. DERECHOS DEL PROCESADO

a. DEBIDO PROCESO
- Garantías Judiciales
Defensa a cargo del DEFENSOR DE CONFIANZA que libremente designe el imputado o acusado.

En su ausencia

SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

7. INSTITUCIONES PARA LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS

a. COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN INTEGRACIÓN
- Vicepresidente de la República o su Delegado
- Procurador General de la Nación o su Delegado
- Ministro del Interior y de Justicia o su Delegado
- Ministro de Hacienda y Crédito Público o su Delegado
- Defensor del Pueblo o su Delegado
- Director de la Red de Solidaridad Social Secretaría Técnica
- Dos representantes de organizaciones de víctimas
- Cinco personalidades designadas por el Presidente de la República

FUNCIONES
Procesos de esclarecimiento judicial
- Garantizar a víctimas su participación en Realización de sus derechos
- Presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de grupos armados al margen de la ley.
- Hacer seguimiento y verificación a:
Los procesos de reincorporación a fin de garantizar:
a. La desmovilización PLENA de los miembros del GAOML
b. El cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios
La labor de las autoridades locales

En ejercicio de ésta función facultad de invitación a personalidades extranjeras
- Hacer seguimiento y evaluación periódica de las reparaciones y dar recomendaciones para su adecuada ejecución.
- Dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la ley, presentar ante el Gobierno Nacional y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, un informe sobre el proceso de reparación.
- Recomendar los criterios para las reparaciones.
- Coordinar las actividades de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes.
- Adelantar las acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la repetición de nuevos hechos de violencia perturbadores de la paz nacional.
- Hacer las recomendaciones al Gobierno Nacional para implementar el Programa Institucional de Reparación Colectiva. (ver capítulo de reparación)
Darse su reglamento
Vigencia 8 AÑOS

b. COMISIONES REGIONALES PARA LA RESTITUCIÓN DE BIENES INTEGRACIÓN

- Un representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación EJERCE LA PRESIDENCIA
- Un delegado de la Procuraduría para la Justicia y la Paz
- Un delegado de la Personería Municipal o Distrital
- Un delegado del Defensor del Pueblo
- Un delegado del Ministro del Interior y de Justicia
- Un representante de las Designación facultativa
Comunidades Religiosas del Gobierno Nacional

FUNCIONES
- Propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes.

c. FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Cuenta Especial sin personería jurídica
Ordenador del gasto DIRECTOR DE LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL
Regulación para su ejecución: NORMAS DEL DERECHO PRIVADO
Conformación:
- Todos los bienes o recursos que a cualquier título entreguen los miembros de los GAOML
- Recursos provenientes del Presupuesto Nacional
- Donaciones en dinero o en especie nacionales o extranjeras

Vigilancia CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTREGA DE BIENES PARA REPARACIÓN

Directamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas

También se entregarán al Fondo:
Bienes vinculados a investigaciones penales
Bienes objeto de extinción de dominio
Por conductas realizadas con ocasión de la pertenencia al grupo y antes de la vigencia de la ley.

d. RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL – A TRAVÉS DEL FONDO Desarrollar todas las acciones “de acuerdo con el PRESUPUESTO ASIGNADO AL FONDO”

FUNCIONES
- Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales
- Administrar el Fondo para la Reparación a las víctimas
- Adelantar otras acciones de Reparación cuando a ello hubiere lugar
- Las demás que señale el reglamento

8. PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO

a. INVESTIGACIÓN PROCEDIMIENTO ESPECIAL ENVÍO LISTADO DE PERSONAS ELABORADO POR EL GOBIERNO NACIONAL UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍA PARA LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN
Fiscal Delegado asume competencia para conocer de:
Investigaciones sobre hechos delictivos cometidos DURANTE y con OCASIÓN de la pertenencia al GAOML.

Investigaciones que cursen con anterioridad
Investigaciones que deban iniciarse contra la persona y de las que se tenga conocimiento al momento de la desmovilización o con posterioridad a ella.

ENVÍO INMEDIATO DE VERSIÓN LIBRE Y DEMÁS DILIGENCIAS

b. JUZGAMIENTO VERSIÓN LIBRE Y CONFESIÓN
(Requisito para acceder al beneficio)
Presencia del Defensor.
Interrogación sobre los hechos de que el Fiscal tenga conocimiento.
Manifestación de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya participado en los hechos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al GAOML por los que se acoge a la ley.

Indicación de bienes que se entregan para la reparación
Fecha de ingreso al GAOML

UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍA PARA LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN
Fiscal Delegado y Policía Judicial elaboran el programa metodológico para:
Iniciar investigación
Comprobar la veracidad de la información suministrada
Esclarecer los hechos
DESMOVILIZADO QUEDA A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO- JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS – GOBIERNO NACIONAL DETERMINA EL LUGAR DE RECLUSIÓN – JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS DISPONE SU TRASLADO INMEDIATO A DICHO CENTRO DE RECLUSIÓN. ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN

DENTRO DE LAS 36 HORAS SIGUIENTES A LA VERSIÓN LIBRE, JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS FIJA FECHA Y REALIZA A PARTIR DE ESA FECHA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN
Ante magistrado – juez que ejerce función de control de garantías
Fiscal hace la imputación fáctica de los hechos
Fiscal solicita a Magistrado – Juez detención preventiva
Fiscal solicita a Magistrado – Juez adopción de medidas cautelares sobre bienes entregados.

UNIDAD NACIÓNAL DE FISCALÍA PARA LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN 60 DÍAS (O ANTES SI FUERE POSIBLE)
Adelantar las labores de investigación y verificación de hechos admitidos por el imputado y de todos aquellos de que tenga conocimiento.

10 DÍAS SIGUIENTES IMPUTADO NO ACEPTA CARGOS IMPUTADO ACEPTA CARGOS O SE RETRACTA DE LOS ADMITIDOS EN VERSIÓN LIBRE ENVÍO INMEDIATO AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS

Formular al imputado los cargos investigados y verificados por la Fiscalía Vuelve al funcionario competente conforme a ley vigente al momento de la comisión del hecho.
Procedimiento Ordinario.

No acceso a beneficios
FISCAL SOLICITA A MAGISTRADO- JUEZ PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS

10 DÍAS SIGUIENTES
5 DÍAS SIGUIENTES

CONVOCA

SECRETARÍA SALA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
Convoca a audiencia pública dentro de

AUDIENCIA PÚBLICA
Sala del Tribunal verifica si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por Defensor. Declara legalidad de aceptación de cargos Previa solicitud expresa de la víctima, del Fiscal Delegado o del Ministerio Público a instancia de la víctima, el Magistrado Ponente abre el Incidente De Reparación Integral

AUDIENCIA PÚBLICA DE TRÁMITE DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL

1. Intervención de la Víctima para que se exprese sobre la reparación que pretende
2. Indicación de las pruebas que pretende hacer valer.
3. Sala examina pretensión
4. Sala invita a intervinientes a conciliar

RECHAZA:

SI QUIEN LA PROMUEVE NO ES VÍCTIMA
SI ESTÁ ACREDITADO EL PAGO
EFECTIVO DE LOS PERJUICIOS
Y ÉSTA ES LA ÚNICA PRETENSIÓN
IMPUGNACIÓN
REPOSICIÓN
EFECTO SUSPENSIVO
SALA PENAL CSJ
ADMITE LA PRETENSIÓN
NO CONCILIAN
Práctica de pruebas ofrecidas y fundamentación

CONCILIAN
Contenido se incorpora
a. fallo de incidente
FALLO
10 DÍAS
10 DÍAS
AUDIENCIA DE SENTENCIA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA SENTENCIA
Fijación de la Pena Principal. Suspensión de su ejecución- reemplazo por pena alternativa.
Fijación de Penas Accesorias
Fijación de Pena Alternativa
Compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal
Obligaciones de Reparación moral y económica a las víctimas
Extinción de dominio de los bienes que se destinarán para la reparación.

9. ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN

a. ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN
Lo determina el Gobierno Nacional
Debe reunir las condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el INPEC.
Además, los establecimientos de Reclusión Ordinarios, pueden ser:
- En el exterior
- En una Zona de Ubicación creada por el Gobierno Nacional de conformidad con la ley 782 de 2002, SOLO POR 18 MESES.

CERTIFICACIÓN SOBRE EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA ZONA DE UBICACIÓN

FUNCIONARIO QUE EL GOBIERNO NACIONAL DESIGNE.

10. RECURSOS

a. REPOSICIÓN
b. APELACIÓN

REPOSICIÓN
Procede para todas las decisiones. Se interpone ante funcionario que adopta la decisión
Se sustenta oral e inmediatamente en a respectiva audiencia. Se resuelve en la misma audiencia

APELACIÓN
Procede contra Autos que resuelven asuntos de fondo adoptados durante las audiencias
Sentencia
Se interpone ante funcionario que adopta decisión, en la misma audiencia en que se adopta

Se concede en efecto SUSPENSIVO ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
Tiene prelación sobre los demás asuntos, excepto tutela. Término:
30 días.

PROCEDIMIENTO RECURSO DE APELACIÓN
ENVÍO DE DILIGENCIAS
RECIBO
CITACIÓN DE INTERVINIENTES 10 DÍAS SIGUIENTES
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL MAGISTRADO PONENTE AUDIENCIA DE ARGUMENTACIÓN ORAL
Sustanciación del Recurso (Desierto en caso de no sustentación o inasistencia)
Se concede la palabra además, a los intervinientes en el proceso penal
Receso hasta por dos horas para emitir decisión

SECRETARÍA SALA PENAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

c. ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE REVISIÓN
Se surte de conformidad con procedimiento ordinario ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

11. HECHOS NUEVOS

POSTERIORES AL FALLO

a. HECHOS CONOCIDOS CON POSTEIRORIDAD
Momento para determinar la posterioridad
- Indulto, Resolución Inhibitoria, Preclusión de la Instrucción, Cesación del procedimiento. (Ley 782 de 2002)
- Pena Alternativa (Ley de “Justicia y Paz”) Objeto de la Disposición

IMPUTACIÓN POSTERIOR A LOS HECHOS DE LOS QUE TRATA LA LEY:
- Cometidos DURANTE y con OCASIÓN de la pertenencia al GAOML
- Cometidos antes de la desmovilización
- Cometidos antes de la vigencia de la ley

PRINCIPIO GENERAL
- Investigación y Juzgamiento por autoridades competentes
- Ley aplicable: La vigente al momento de la comisión de los hechos que se imputan PROCEDIMIENTO ORDINARIO

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL OTORGAMIENTO DE PENA ALTERNATIVA

INCREMENTO REQUISITOS
- Aceptación de Responsabilidad
- Colaboración eficaz en el esclarecimiento de los hechos
- No intencionalidad en la omisión de la información

PROCEDIMIENTO
- Activación del mecanismo de investigación y juzgamiento – sentencia pena alternativa
- Acumulación jurídica de penas alternativas sin exceder máximo (8 años)
- Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos:

INCREMENTO DE PENA INCREMENTO LIBERTAD A ALTERNATIVA EN 20 % PRUEBA EN 20 %

12. PROCEDIMIENTO POST-PENA

a. PROCEDIMIENTO POST-PENA

CUMPLIMIENTO DE:
Pena
Condiciones de la sentencia
Condiciones de la Pena Alternativa
Entrega de Bienes
Realización satisfactoria de Actos de Reparación impuestos o suscripción de un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones

Colaboración con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación

LIBERTAD A PRUEBA
DURACIÓN MITAD DE LA PENA ALTERNATIVA
COMPROMISOS
o No reincidir en los delitos por los cuales fue condenado
o Presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial que corresponda
o Informar cualquier cambio de residencia

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
EXTINCIÓN DE PENA PRINCIPAL
Revocatoria de:
- Libertad a Prueba
- Cumplimiento de la totalidad de la pena impuesta.

13. ACUERDOS HUMANITARIOS

a. ACUERDOS HUMANITARIOS

La ley consagra un capítulo (XI) compuesto de tres artículos, al asunto.
Busca materializar el derecho a la paz (artículo 22 CP) y la garantía de las siguientes disposiciones:
- Artículo 2 Constitución Política: Fines esenciales del Estado … “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

- Artículo 93 Constitución Política: Prevalencia de los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción.

- Artículo 189 Constitución Política: Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
…4. “Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.”

Facultades al Presidente de la República:

- Autorizar a sus representantes o voceros para adelantar contactos que permitan llegar a acuerdos humanitarios con los GAOML

- Solicitar a la autoridad competente, para los efectos de la ley, la suspensión condicional de la pena y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los GAOML con los que se llegue a Acuerdos Humanitarios.

- En ejercicio de esas facultades el Gobierno Nacional está facultado para exigir todas aquellas condiciones que a su juicio sean pertinentes para que las decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz.

14. REBAJA DE PENAS
a. REBAJA DE PENAS DESTINATARIOS Condenados (con sentencia ejecutoriada) al momento de entrada en vigencia de la ley
REBAJA 1/10 Parte de la condena impuesta Lesa Humanidad
EXCEPCIÓN Delitos contra la libertad, integridad y formación Sexuales Narcotráfico

SEGUNDA PARTE

TEXTO DE LA LEY
TEXTO CONCILIADO DEFINITIVO AL PROYECTO DE LEY NUMERO 211 DE 2005 SENADO, 293 DE 2005 CAMARA Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios..

CAPITULO I
PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 1. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la ley 782 de 2002.

ARTÍCULO 2. Ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.

La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente Ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia.

La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley.

ARTÍCULO 3. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.

ARTÍCULO 4. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.

ARTÍCULO 5. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar e n primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley.

ARTÍCULO 6. Derecho a la Justicia. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.

Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con fundamento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo.

ARTÍCULO 7. Derecho a la Verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas, e informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.

ARTÍCULO 8. Derecho a la Reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.
La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.

ARTÍCULO 9. Desmovilización. Se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley, realizado ante autoridad competente.

La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002.

CAPITULO II
ASPECTOS PRELIMINARES

ARTÍCULO 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:

10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.

10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.

10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.

10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.

10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

10. 6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder.

Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.

ARTÍCULO 11. Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

11.1 Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.

11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.

11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto.

11.4 Que cese toda actividad ilícita.

11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos.

11.6 Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación.

CAPÍTULO III
PRINCIPIOS PROCESALES

ARTÍCULO 12. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos idóneos que garanticen su reproducción fidedigna.

La conservación de los registros corresponderá al Secretario de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por la presente ley, y al de la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial que conozca del juzgamiento, según corresponda.

ARTÍCULO 13. Celeridad. Los asuntos que se debatan en audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados.

Las audiencias preliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de Garantías que designe el Tribunal respectivo.

En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos:

1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio;

2. La adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos;

3. La solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento.

4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes de procedencia ilícita;

5. La formulación de la imputación;

6. La formulación de cargos;

7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.

Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias deberán fundamentarse fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o de desestimación de las pretensiones de las partes.

El reparto de los asuntos a que se refiere la presente ley, deberá hacerse el mismo día en que se reciba la actuación en el correspondiente despacho.

ARTÍCULO 14. Defensa. La defensa estará a cargo del defensor de confianza que libremente designe el imputado o acusado o, en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

RTÍCULO 15. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.

Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos.

La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo.

La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.

CAPÍTULO IV
INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO

ARTÍCULO 16. Competencia. Recibido por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal delegado que corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia para:

16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

16.2 Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros.

16.3 Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización.

El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el CSJ, mediante acuerdo que expida antes de que se inicie cualquier trámite, será competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley.

No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad judicial.

ARTÍCULO 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado Oficina Alto Comisionado para la Paz 83 asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento.

En presencia de su defensor, manifestaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.

La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.

El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza la función de control de garantías, en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación, previa solicitud del fiscal que conozca del caso.

ARTÍCULO 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación.

En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas.