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Orden Público

La noción de orden público abarca, en derecho positivo, una serie de contenidos irreductibles entre sí que modifican, según las hipótesis, su ámbito de aplicación, su fundamento jurídico y político e, incluso su naturaleza misma. En lo que aquí nos interesa, el orden público significa el funcionamiento ordinario de la vida civil, al que corresponden, en la colectividad, la opinión y el sentimiento de seguridad. El orden público, que el Estado tiene la tarea de salvaguardar, representa un bien que prima sobre los derechos individuales, siempre que el ejercicio de estos últimos implique, efectiva y concretamente, riesgos de que sea perturbado. El derecho internacional reconoce la importancia primordial de la salvaguardia del orden público ya que admite que el Estado puede tomar, en la estricta medida en que lo exija la situación de peligro, medidas que lo eximan de sus obligaciones de salvaguardia de los derechos civiles y políticos del ciudadano (cf. NU, 1948/2, art. 29; CEDH, art. 15; NU, 1966/2, art. 4; CADH, art. 27), o cuando establece excepciones a determinadas normas del derecho de los conflictos armados justificadas por las exigencias del orden público (cf. H CP, art. 8; GP I, arts. 43, 59, 60, 61, 65, 67; GP II, art. 3).