Operación coordinada frena minería ilegal y afecta economías criminales en Chaparral
En el marco de las operaciones adelantadas en el sur del Tolima contra los grupos armados organizados, se desarrolló una operación coordinada entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, orientada a contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros en el municipio de Chaparral.
Como resultado de esta acción, se logró la inutilización de maquinaria empleada en actividades de minería ilegal en las veredas Amoyá y Santa Rosa, lo que permitió afectar de manera directa las finanzas del Grupo Armado Organizado dedicado a esta actividad criminal. De acuerdo con las autoridades, la operación generó una afectación económica aproximada de 5.700 millones de pesos, producto de la destrucción controlada de siete excavadoras, tres motores industriales, una draga, una planta eléctrica y una motobomba, elementos utilizados para la extracción ilícita de minerales.
Esta acción impactó las economías ilícitas asociadas al Grupo Armado Organizado Residual, GAO-r, del Frente Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo, teniendo en cuenta que estas estructuras obtenían ingresos mediante el cobro extorsivo a los explotadores ilegales, con montos estimados entre cinco y ocho millones de pesos mensuales por cada máquina en operación.
Además del golpe financiero, la operación permitió mitigar la afectación ambiental ocasionada por el vertimiento de sustancias contaminantes como mercurio, cianuro, combustibles y aceites en fuentes hídricas de la región, contribuyendo a la protección del río y de los ecosistemas estratégicos del sur del Tolima.
Esta operación constituye un resultado significativo del esfuerzo interinstitucional del Estado para debilitar las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados, reducir su capacidad de presión sobre las comunidades y fortalecer el control institucional del territorio.
Las autoridades reiteraron que este tipo de operaciones continuarán desarrollándose de manera sostenida, en coordinación con las entidades competentes, con el objetivo de proteger los recursos naturales, salvaguardar la seguridad de la población y afectar de manera significativa las fuentes de financiación ilegal.
